Bernardo Guerra amplia denuncia contra constructores

Una fuerte estructura criminal se ha montado en torno al fleteo del adobe donde la falta de controles por parte de administraciones anteriores ha sido determinante para el actual desorden que presenta la ciudad en todas las fases de los procesos de construcción, urbanización, expedición de licencias y pago de tributos, expresó el concejal Bernardo Guerra Hoyos en la sesión plenaria donde se debatió el tema de la estafa inmobiliaria.

Dijo que desde el momento en que se expiden las licencias, se presentan prácticas indebidas como el no reporte de las Resoluciones respectivas ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, tal como lo confirma esa entidad, en niveles que alcanzan el 30 por ciento de no reporte.

Sostuvo que varios de los Curadores Urbanos, no han tenido reparo alguno en atribuirse amplios espacios de discrecionalidad para todo tipo de actuaciones, flexibilizando las normas urbanísticas en perjuicio de la ciudad.

“El cobro de los tributos que le corresponde pagar al constructor, especialmente de las obligaciones urbanísticas, no se lleva a cabo, lo que viene generando el vencimiento de la obligación y la pérdida de la capacidad de cobro por parte de la ciudad. Hoy los Medellinenses ni siquiera sabemos cuánto nos adeudan las constructoras tanto en dinero, como en suelos, equipamientos y compensaciones ambientales” afirmó Bernardo Guerra.

Manifestó que bajo el pretexto de que un fallo judicial permitió la instalación de los servicios públicos como condición de dignidad para quienes habitan las viviendas en proyectos inconclusos, la oficina de planeación permite que diferentes proyectos inmobiliarios sean habitados sin recibo de obra.

De esta clase de privilegios ha sido especialmente beneficiaria la constructora Fajardo Moreno que, para poner un ejemplo, ha entregado para que sean habitados los apartamentos del proyecto Panoramika Country, sin recibo de obra, y sin la vía de acceso al mismo, que, por cierto, es parte de sus obligaciones urbanísticas.

Cerca de 60 mil millones de pesos de los medellinenses fueron invertidos durante los gobiernos de Sergio Fajardo y Alonso Salazar en obras de estabilización de terrenos y de mitigación de zonas de riesgos en la ciudad, donde “casualmente”, aparecen y se usufructúan proyectos de la empresa Fajardo Moreno, como se evidencia en las obras de canalización del Caño San Rafael con un costo de mil millones de pesos, sobre el cual se construyó el proyecto SAVIA, anteriormente denominado FOREST.

Desde el año 2008, en que la Contraloría General de Medellín advirtió la falta de gestión y control de la Alcaldía frente a las obligaciones urbanísticas, no se hizo nada para remediar esa insólita omisión, como tampoco explicó por qué se le ha permitido, a una constructora en particular (Fajardo Moreno), que conforme llenos ilegales, desplace familias y pretenda pagar obligaciones urbanísticas con los mismos llenos ilegales que le sirvieron para economizar dinero.

Dijo Bernardo Guerra que uno de los mayores deudores de las obligaciones urbanísticas en Medellín es la empresa Fajardo Moreno, de propiedad de la familia del hoy aspirante a la presidencia de la República Sergio Fajardo Valderrama.

Se refirió Bernardo Guerra al caso de la ex diputada liberal, Ángela María Cano, que en el sólo San Antonio de Prado estafo a más de 240 familias con la promesa de construirles viviendas de interés social.

Recordó que la empresa Constructores al Rescate de la familia Chica Gutiérrez se embolsilló seis mil millones de pesos que les entregó el entonces gerente de VIVA Jorge León Sánchez Mesa para realizar mejoramientos de vivienda en todos los municipios de Antioquia entre el 2008 y el 2012.

Hicieron un negocio redondo, luego de recibir la plata de VIVA, los Chica Gutiérrez escogían alcaldes de los municipios más pudientes y comprometidos con los mejoramientos de vivienda, les decían que la Fundación Constructores al Rescate ponía una parte de los mejoramientos y la alcaldía debía colocar lo restante.

Una vez obtenían el sí de los alcaldes, los habilidosos Chica Gutiérrez, se ponían en contacto con empresas cementeras y de pinturas, diciéndoles que realizaban una labor social de mejoramientos de vivienda en los municipios de Antioquia y, por esta vía recibían la importante colaboración de los empresarios.

Para generar credibilidad de sus “acciones sociales” hábilmente manejaron en el canal Teleantioquia un programa que se llamaba Constructores al Rescate donde mostraban a personas que hablaban sobre sus necesidades y los mejoramientos de vivienda.

De acuerdo con las denuncias de los afectados los estafadores responden a los nombres de Luis Alberto Chica Gutiérrez gerente de la empresa Tecnocasas, Francisco Javier Chica Gutiérrez, representante legal de la Fundación CONSTRUCTORES AL RESCATE, Bibiana Chica Gutiérrez, propietaria del lote donde está el edificio inconcluso de nombre LecoqK
, ubicado en el barrio Malibú, comuna de Belén y, la señora Fanny Gutiérrez, madre de los anteriores, que se desempeña como secretaría de la fundación.

Según los afectados, también hace parte de esta familia el señor Gilberto Chica Gutiérrez, quien en la actualidad se desempeña como funcionario de la Secretaria de Movilidad de Medellín.

Guerra Hoyos preguntó: ¿Cuál es el brazo político de Gilberto Chica que llevó a que se posesionara el 28 de diciembre de 2015, tres días antes de que culminara el gobierno de Aníbal Gaviria Correa?.

CONSTRUCTORA AMIGA

La Constructora Amiga es la empresa que según el Departamento Administrativo de Planeación en el año 2014, mediante documentación falsa de la Fiduciaria central del Idea engañó a compradores e inversionistas.

En el año 2014 Planeación denunció 36 nuevos proyectos de falsas Viviendas de Interés Prioritario ante la Fiscalía, entre los que se encontraban: Torre Berlín, Mirador El Jardín y Mirador del Diamante de la Constructora Amiga.

A mediados del 2014 gracias al ejercicio de Control Político se frenó un ofrecimiento que se había hecho al Isvimed para adquirir 200 apartamentos en el Mirador de Jardín y la Torre Berlín.

Hoy el problema persiste, en proyectos donde se han vendido apartamentos y no se materializa su entrega efectiva a través de escrituras y es más, ni la policía se escapa al problema de estafa Inmobiliaria.

Bernardo Guerra Solicitó a la Personería de Medellín hacer un seguimiento especial al proyecto Mirador de Jardín que fue vendido por la Constructora Amiga a la Caja de Previsión de la Policía Nacional.

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