Cementos Argos, luz verde a la cartelización

Con un video sensiblero la empresa responde a denuncias oficiales

Cementos Argos informó a través de El Tiempo y un video que apela al patriotismo que nunca se ha unido con sus dos principales competidores para fijar precios y establecer acuerdos para repartirse el mercado, aunque un informe oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio aporta pruebas de todo lo contrario.

La respuesta de Cementos Argos fue un video que apela al patriotismo, a la generación de empleo y a palabras “bonitas” pero que no demuestra que la acusación de la Superintendencia sea falsa.

El informe oficial se produce tras cinco años de investigación a Cementos Argos, a Cemex y a Holcim por “la fijación de precios del cemento gris Portland Tipo 1 entre el 2010 y el 2013 y el establecimiento de acuerdos para repartirse el mercado”, según una denuncia que llegó a la Superintendencia.

Además, el informe dice que Íngrid Restrepo y Adriana María Rodríguez, empleadas de Cementos Argos, habrían entregado “información mutilada y declaraciones que llevarían al error a la entidad oficial”.

“Luego de más de cinco años y medio de proceso, en un extenso documento de 401 páginas, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le recomendó al titular de esta entidad, Pablo Felipe Robledo, declarar administrativamente responsables a las cementeras Argos, Cemex y Holcim, y a siete personas vinculadas con las tres empresas, de haber hecho acuerdos contra la libre competencia”,  dice el informe publicado por El Tiempo y por Citynoticias.

“En cuanto al primer comportamiento, el expediente del proceso muestra que entre el enero del 2010 y diciembre del 2012, los precios de este producto aumentaron por encima del 30 por ciento, y que las tarifas de las tres empresas tuvieron comportamientos similares en dicho período.

“Si Robledo acepta la recomendación, que se hizo luego de agotadas diversas etapas procesales, las multas a estas tres compañías, que controlan casi la totalidad del mercado cementero del país, podrían llegar hasta los 70.000 millones de pesos por cada conducta, es decir que cada empresa podría pagar hasta 140.000 millones de pesos, para un total de 410.000 millones de pesos, de establecerse el monto más alto permitido en la ley.

La Superintendencia de Industria y Comercio se ha destacado en los últimos años por la defensa de los consumidores colombianos, logrando desenmascarar “carteles” de empresarios, como los de los cuadernos o los pañales, que se unían para artificialmente subir los precios o fijar valores altos para sus productos.

Cementos Argos fue objeto de criticas hace pocos días,  al descubrir la comunidad a uno de sus camiones botando residuos en un río de Colombia.

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