A conciliación Bernardo Alejandro Guerra y el municipio

Por agresión a abogada deberán pagar $ 500 millones

El municipio de Medellín deberá acudir este miércoles a una conciliación por la agresión verbal del concejal Bernardo Alejandro Guerra contra una abogada. La demanda también se hace contra Daniela Maturana por la conducta omisiva cuando se registró el ataque del concejal a la jurista.

La medida de conciliación se cumple por orden de la Procuraduría General de la Nación y a ella deben asistir el representante legal del Municipio de Medellín, Federico Gutiérrez, y el abogado de las víctimas.

Generalmente el alcalde en este tipo de citaciones delega en su unidad jurídica y rechaza cualquiera conciliación y se va al juicio a espera de evitar perder una demanda que hoy está avaluada en quinientos millones de pesos ($ 500.000.000).

En la conciliación “se pretende se reconozcan los daños causados a las convocantes por las actuaciones irregulares del Concejal del Municipio de Medellín, señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y la presidente de la Mesa Directiva de la misma Corporación para la vigencia de 2016, Daniela Maturana Agudelo y se proceda a la correspondiente reparación de los perjuicios”, según se lee en el documento de la Procuraduría,

En las sesiones del Concejo de los días 28 al 30 de noviembre de 2016, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, sin tener ninguna prueba, indicó sobre la doctora Carmen O. Torres Sánchez lo siguiente: “que es una abogada de dudosa reputación; que desde su llegada al país se ha dedicado a malas prácticas médicas en consultorios de garaje en Medellín, relacionando esta situación con la cirugía plástica que se hiciera el señor Contralor de Antioquia; dice que la doctora Carmen y su esposo fueron condenados en Estados Unidos por homicidio después de haberle practicado una “cirugía plástica” a una mujer y ésta murió y que la abandonaron en la calle; igualmente arguye que la doctora Torres Sánchez y su esposo habrían aprovechado la libertad condicional en Estados Unidos para regresar a Colombia, es decir, según el concejal, se habrían evadido de la justicia Americana”, agrega el documento oficial.

Carmen Torres fue abogada del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien le retiró los poderes al conocer en la radio las acusaciones del Concejal contra la jurista. Y en ese momento, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos agregó que “Parece ser que los honorarios que se le pagan por la defensa a la abogada Torres Sánchez, se disfrazan con contratos en la Contraloría Departamental a una hermana de nombre Marilsa Torres Sánchez y parece que a una hija de apellido Torres.”

Estas acusaciones también resultaron falsas y las demandantes adjuntaron los documentos oficiales que demostraban no tener contratos con el Estado y menos en la Contraloría de Antioquia.

La conciliación se cumplirá en la Procuraduría 143 Judicial II Administrativa, ubicada en el Edificio Centro Colseguros, Calle 53 No. 45–112, Piso 23 de Medellín, este miércoles las 10 y 30 de la mañana.

El Municipio de Medellín asume las veces de demandado, ya que el Concejo no tiene personería jurídica y figura como anexo a la Alcaldía. De perder el municipio esta demanda, se obligaría por parte de la justicia a una acción de repetición contra los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Daniela Maturana.

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