Las otras demandas de Bernardo Alejandro Guerra

A Bernardo Alejandro Guerra la ciudad le debe algunos de los debates más claros contra la corrupción, los cuales le han salvado mucho dinero a la capital paisa y mantienen contra las cuerdas a varios funcionarios públicos y sus familias, pero también detrás de él existe un personaje dedicado a las agresiones a mujeres, a lanzar anónimos y escritos clandestinos y a calificar a los demás en una aparente potestad que no se sabe quién le dio.

Varias veces acusado en las inspecciones de policía de Medellín por escándalo publico y alicoramiento, demandado por mujeres a quienes ha agredido, a quienes luego les paga “o concilia” para que retiren las demandas, Bernardo Alejandro Guerra afronta ahora procesos en su contra que le pueden generar sanciones económicas y penales graves.

Una la del cirujano Carlos Ramón Corena, quien presuntamente realizó varias intervenciones estéticas que llevaron a la muerte a una paciente. Luego el especialista lo demandó penalmente por los debates del concejal en su contra y hoy avanza en una demanda penal multimillonaria.

La segunda demanda es la del coronel Wilson Pardo a quien Bernardo Alejandro Guerra, ante medios de comunicación y asistentes en el recinto del cabildo, acusó de ser miembro de una banda delincuencial, proceso en el cual la Procuraduría lo llamó a audiencia este 28 de diciembre y en el que, de no controvertir las pruebas, podría ser sancionado con perdida temporal de su cargo.

Y la tercera, la demanda de una ex procuradora a quien el concejal acusó, sin pruebas, de cometer un crimen. Este proceso es administrativo y penal y en este último ya tuvo una conciliación en la cual el Municipio de Medellín, como representante de los concejales de la ciudad, no aceptó conciliar pues la ley le impide cumplir con cualquier tipo de obligación económica sin estar estas avaladas por una autoridad jurídica.

Finalmente, sobre el concejal Bernardo Alejandro Guerra rondan las acusaciones públicas del también concejal Santiago Jaramillo, quien reiteradamente habló en sesiones del cabildo sobre agresiones de Guerra a Mujeres, sin que este respondiera públicamente o solicitara alguna rectificación.

Además, según El Colombiano, “Hace un mes, exactamente, un fallo del Juzgado 30 Penal de Medellín ordenó al cabildante rectificar sus declaraciones contra la familia Chica Gutiérrez, a los que acusó de ser una banda de criminales por un supuesto robo de 6.000 millones que debían ser destinados al mejoramiento de viviendas antioqueñas”.

Las demandas contra Guerra, que se fallarían en los dos años siguientes, suman más de dos mil millones de pesos, a valores de hoy.

 

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